
BOGOTÁ — El sistema pensional colombiano atraviesa un complejo limbo legal y operativo. Aunque la emblemática Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional) del Gobierno Nacional buscaba reestructurar por completo el modelo de cotización a través de un sistema de pilares —obligando a que los primeros 2,3 salarios mínimos se coticen en Colpensiones—, su aplicación general se encuentra bajo un estricto freno de mano constitucional, mientras otras medidas reglamentarias han sufrido duros reveses en los tribunales.
Para entender el estado actual del proyecto bandera del Ejecutivo, hay que repasar la cronología jurídica reciente:
A pesar de la suspensión general de la reforma, la Corte Constitucional mantuvo vigentes de forma excepcional un par de disposiciones específicas. La más comentada por estos días ha sido el artículo 76, que creó la "Oportunidad de Traslado":
En el ámbito administrativo, el Gobierno Nacional ha intentado acelerar los procesos de transición financiera hacia el régimen público. Sin embargo, se ha topado con murallas jurídicas:El Ejecutivo expidió el Decreto 415 de 2026 con el objetivo de facilitar el traslado anticipado de aproximadamente $25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia las arcas de Colpensiones.No obstante, según registra el portal de Poder Legislativo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente este decreto, argumentando provisionalmente que el Gobierno Nacional se excedió en sus facultades al intentar reconfigurar el destino de estos recursos pensionales sin contar con el aval definitivo y en firme del marco legal de la reforma
