La estrecha e impugnada victoria de Abelardo de la Espriella en las pasadas elecciones presidenciales no solo ha sumido al país en un limbo de legitimidad institucional, sino que ha despertado los fantasmas más temidos de nuestra historia reciente. Para millones de colombianos, el ascenso al poder del polémico abogado penalista, bajo el estandarte de una "mano dura" sin concesiones, no se lee como una promesa de orden, sino como el preludio de un periodo oscuro
signado por la persecución, el silenciamiento y la preocupante reminiscencia de una remetida paramilitar.El discurso de campaña de De la Espriella, cargado de un lenguaje polarizante y promesas de "depuración" institucional, evoca las épocas más dolorosas del conflicto armado. Su propuesta de implementar una "Seguridad Democrática 2.0", sumada a su explícita intención de desmantelar la arquitectura de paz —debilitando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y recortando las garantías de protección a líderes sociales—, suena para los territorios más vulnerables como un tiro de gracia a la reconciliación y una tácita carta blanca para el resurgimiento de la violencia paraestatal.
En las regiones periféricas de Colombia, donde las heridas del paramilitarismo siguen abiertas y supurando, el miedo no es una abstracción retórica; es una realidad palpable que camina por las veredas.
La legitimidad de este nuevo Gobierno nace profundamente agrietada. Ganar por un margen tan exiguo y en medio de severas denuncias de fraude e inconsistencias electorales —que el progresismo e Iván Cepeda han prometido disputar hasta las últimas consecuencias— despoja al mandatario electo del colchón democrático necesario para imponer reformas de tal calibre. Gobernar un país fracturado a la mitad con un programa de ultraderecha radical es una fórmula matemática que suele resolverse mediante la fuerza del Estado y la supresión de la disidencia.La gran paradoja de este nuevo capítulo histórico se escenificará en el Capitolio Nacional. Mientras de la Espriella se prepara para ceñirse la banda presidencial el próximo 7 de agosto, se encontrará con un Congreso que se posesiona este 20 de julio con mayorías del Pacto Histórico en ambas cámaras. Este legislativo alternativo e independiente se erige hoy como el principal escudo democrático del país. La bancada progresista tiene sobre sus hombros la responsabilidad histórica de actuar como un contrapeso inquebrantable, impidiendo que el aparato estatal sea instrumentalizado para revivir las persecuciones del pasado.Colombia se encuentra en una encrucijada existencial. El temor a que las estructuras criminales y las dinámicas de exclusión violenta se sientan legitimadas por la retórica del nuevo inquilino de la Casa de Nariño es real y fundado. Corresponde a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a un Congreso mayoritariamente alternativo mantenerse vigilantes. El orden no puede construirse sobre las cenizas de los derechos humanos, ni la seguridad puede ser la fachada para el retorno de una de las épocas más lúgubres de nuestra patria.