
BOGOTÁ / BUCARAMANGA — En medio de una creciente indignación colectiva por revelaciones de minería ilegal en pleno corazón de la estrella hídrica, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tomado una de las decisiones más trascendentales y polémicas de los últimos años para asegurar el agua de más de 2,5 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander.A través de la expedición de la Resolución 863 de 2026, la cartera de ambiente adoptó de manera oficial una nueva metodología nacional de "delimitación progresiva" para los páramos del país, aplicándola de forma inmediata en el complejo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, según lo reportado por el Ministerio de Ambiente.
La estrategia del Gobierno saliente de Gustavo Petro, liderada en esta fase de transición por la ministra encargada Irene Vélez, busca dejar amarradas las medidas de conservación antes de la entrega de poder el 7 de agosto. El plan se compone de tres proyectos normativos clave que entraron en fase de consulta pública y estarán abiertos a comentarios ciudadanos hasta el próximo 29 de julio de 2026:
Este paquete de medidas surge precisamente en una semana de alta tensión, luego de que el diario Vanguardia publicara impactantes imágenes que evidencian cómo la minería ilegal de oro ha destruido partes del ecosistema a más de 3.000 metros de altura, contaminando fuentes de agua con cianuro y mercurio. Frente a este flagelo, la ministra Irene Vélez catalogó la situación de "aterradora" en entrevista con Caracol Radio e insistió en que las alcaldías municipales deben asumir la primera línea de defensa policiva contra las mafias de extracción ilegal.
"Aquí lo que estamos haciendo es cuidándole el agua al millón de personas que viven tanto en Bucaramanga como en Cúcuta", puntualizó la funcionaria.
La decisión no ha estado exenta de un fuerte debate político. Varios gremios de la región y organizaciones sociales de la provincia de Soto Norte denunciaron ante El Tiempo que la delimitación se está ejecutando de manera "exprés" y "a las patadas", argumentando que asfixia la economía de las poblaciones mineras tradicionales y deja el territorio a merced de grupos ilegales.Se espera que este fin de semana, particularmente el sábado 18 de julio de 2026, la concertación en Bucaramanga (a realizarse en la Universidad Industrial de Santander) se convierta en un complejo termómetro político sobre el futuro ambiental de la región.
